Historia de Antioquia

Las 334 personas que integran las 78 familias desplazadas del municipio de Cáceres se encuentran refugiadas en la cabecera municipal de Tarazá.  Aseguran que hay amenazas contra su vida e integridad.

El director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres –DAPARD, John Fredy Rendón Roldán, manifestó que la administración seccional a través de su despacho está brindando apoyo a las 78 familias  que se desplazaron la semana anterior del corregimiento Piamotente, municipio de Cáceres, a la cabecera municipal de Tarazá.

Según testimonios de la comunidad, hubo amenazas por parte de grupos armados ilegales, los cuales originaron el desplazamiento de las familias dedicadas a la minería.  Dichas familias optaron por regresar al municipio del cual son oriundos, donde se albergaron en casas de familiares y amigos.

Rendón Roldán indicó: “El DAPARD brindará las ayudas humanitarias necesarias para una buena atención de las familias que se han tenido que desplazar, mientras ACCIÓN SOCIAL valora su condición de desplazados”.

Manifestó además el director del DAPARD que las familias se encuentran seguras y estables en esta localidad y que se hará un seguimiento riguroso del caso durante los próximos días.

En un esfuerzo concertado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Agencia de las Naciones Unidas para los Desplazados ACNUR, ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPARD, la Dirección Seccional de Salud y Protección Social DSSA, Oficina de la Primera Dama del Departamento, el Ejército Nacional y las administraciones municipales se adelantaron 17 jornadas de documentación en el departamento, en el primer semestre del año.

Las jornadas de documentación son espacios en los que se ofrece a la comunidad desplazada o vulnerable la oportunidad de obtener su cédula, tarjeta de identidad, registro civil o libreta militar, sin que ello reporte ningún costo para las personas atendidas.  En algunas jornadas además, se ofrece servicio de vacunación y orientación sobre el acceso a los derechos de la población desplazada, como también algunas actividades de salud.

En estas 17 jornadas, la inversión realizada por las diferentes entidades llega a $ 42 millones 500 mil pesos.  Con ellos se ha entregado a las 18.243 personas atendidas, documentos de identidad como 9.465 cédulas de ciudadanía, 4.058 tarjetas de identidad y 3.465 registros civiles, además de un número importante de libretas militares.

Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Mutatá, Urrao, Anorí, Necoclí, Cocorná, San Francisco,  Campamento, Caramanta, Argelia, Frontino, Tarazá, Amagá y Medellín fueron los escenarios donde se desarrollaron las jornadas de documentación.

Es importante señalar que las jornadas hacen parte de la Línea Estratégica de Prevención y Protección del desplazamiento Forzado del Plan Integral Único PIU de atención y que es a través de la identificación y documentación la forma inicial para que las personas más vulnerables y desprotegidas de la comunidad puedan acceder a los programas de beneficios del Estado.

El DAPARD y el Ministerio del Interior y de Justicia congregaron hoy, en las instalaciones de CORANTIOQUIA a los alcaldes de los 45 municipios priorizados por el tema de la población desplazada por la violencia; en este acto de evaluación destacan los representantes de las entidades convocantes el grado de compromiso y la excelente asistencia de los mandatarios locales convocados.

El cometido de la reunión buscaba revisar la formulación y el grado de ejecución del Plan Integral Único PIU, de atención a la población desplazada por la violencia.  Aquí se quería revisar los compromisos, las falencias presupuestales y administrativas de las administraciones municipales frente a este compromiso.

El espacio de análisis contó además con la participación de Acción Social y de la  Procuraduría, quienes enfatizaron en las responsabilidades que tienen los municipios para responder al último pronunciamiento de la Corte Constitucional, Auto 007 de 2009, informe  que debe estar entregado antes del 31 de marzo y debe revisar el nivel de satisfacción de las comunidades desplazadas frente al restablecimiento de sus derechos, como de las asignaciones presupuestales que corresponde a ello…

En este escenario los alcaldes manifestaron como las grandes inquietudes que aquejan a la población desplazada los temas de afiliación en salud y los proyectos de vivienda.

De igual manera, se dejó claro que los municipios deben realizar un informe de toda la atención que se les ha brindado a estos pobladores y de esta forma reconocer quienes ya han superado la condición de desplazamiento y en que fase se encuentran las demás personas, conforme la indicación dada por Acción Social.

El DAPARD expresó su compromiso en esta tarea de identificación y caracterización de las necesidades de la población desplazada a través de su accionar con el observatorio del desplazamiento y con las acciones adelantadas en la línea de fortalecimiento institucional.

Entre los municipios priorizados se encuentra Medellín como la mayor población receptora con 163 mil desplazados, le sigue Turbo con 47 mil, Apartadó con 29 mil desplazados, Bello cono 15 mil, Mutatá con 13 mil y San Luis con 12 mil.

Aunque en Colombia no exista una norma expresa que permita la condonación, frente a circunstancias especiales, vinculadas a crisis económicas, sociales o naturales, la medida es posible siempre que sea razonable, proporcionada y equitativa. Por esta razón, el municipio de Frontino se animó  a estudiar esta propuesta hasta convertirla en el acuerdo municipal 07 del 9 de marzo de 2009 y de esta forma, avanzar en el restablecimiento y la recuperación de los derechos sobre la tierra de la población víctima del desplazamiento forzado.
 
El Equipo de Antioquia del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, perteneciente a ACCIÓN SOCIAL, señaló que hasta el momento el municipio de Frontino es el primero en Antioquia y en el país que se atreve a estudiar juiciosamente esta propuesta, con quienes vienen trabajando meses atrás, especialmente en la ruta para la implementación de esta medida.
 
Frente al caso, el presidente del concejo municipal de Frontino, Eliécer Garrido, expuso las razones por las cuales se han interesado en este proyecto de acuerdo municipal: “La gran mayoría de familias desplazadas que han venido retornando a sus predios, se han encontrado grandes deudas de impuestos que se fueron sumando durante el tiempo de abandono, situación que los pone en desventaja con el resto de contribuyentes, pues no solo no pudieron explotar la tierra durante el tiempo de desplazamiento, sino que además su deuda es mayor al valor real de la tierra”.
 
Esta noticia generó un sincero reconocimiento por parte del director del DAPARD y coordinador del Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada, John Fredy Rendón Roldán, quien destacó esta buena acción emprendida por el municipio de Frontino e indicó que ha sido de gran utilidad y muy oportuno el aporte del Proyecto de Protección de Tierras Patrimoniales de ACCIÓN SOCIAL en este proceso.  
 
“Todos los municipios en Colombia estamos obligados a reportar una cifra aproximada de recaudo de impuestos anualmente, pero en el caso de la población desplazada, no podemos esperar que éstos cumplan con el estimado por la administración”, dijo el alcalde de Frontino, Balmore González Mira.
 
La medida entrará en vigencia tres meses a partir de su publicación, las condonaciones se realizarán por una sola vez y las exoneraciones tendrán vigencia por 3 años, que corresponden al actual período administrativo.  Para acceder a estas medidas,  las personas deberán estar incluidas en el Registro Único de  Población Desplazada de ACCIÓN SOCIAL o ser evaluadas por una comisión tripartita municipal conformada por el personero, el tesorero municipal y el presidente de Asocomunal.