Historia de Antioquia

Cuatro mil 239 millones de pesos se invierten entre la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, el gobierno nacional, dos municipios y otros entes, en la reconstrucción de un puente y la construcción de otro nuevo, en la subregión del oriente del departamento.

El puente que es objeto de reconstrucción es el de Danticas, entre San Carlos y San Rafael, sobre el embalse Playas, el cual fue dinamitado por la guerrilla en el año 2002, destruyendo 105 de sus 170 metros.

Esta obra demanda inversiones de 200 millones por cada uno de los dos municipios citados, igual suma por parte de Isagen, otros 500 millones por EPM y otros 2 mil 779 millones por parte del Departamento de Antioquia, para un total de 3 mil 679 millones. El puente estará listo en 10 meses más y desde el día del atentado, los usuarios de la vía entre las dos localidades que es de 42 kilómetros, deben dar un rodeo por una vía alterna, que alarga el tramo en 18 kilómetros más.

La otra inversión en puentes se realiza en la construcción de uno vehicular nuevo, en concreto reforzado, de 54 metros, para reemplazar uno colgante que hay en la vereda Pailania, sobre el Río Santo Domingo, entre San Francisco y Cocorná.

Esta obra tiene un costo de 560 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional, a través de Acción Social, aporta 200 millones y la Secretaría de Infraestructura de Antioquia los otros 360 millones. Se pondrá en servicio en cuatro meses.

Hay que anotar que personal de la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia, visitó este sábado pasado estas localidades, con el fin de socializar con las comunidades la forma como se vienen ejecutando estas obras para su beneficio y normalización de la transitabilidad.

John Fredy Rendón Roldán, Director del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPARD expresó en el Encuentro del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, que el departamento ocupa el primer lugar en movilización forzada de personas al contar 520 personas desplazadas, en la atención a ellos la Gobernación ha invertido $45 mil millones de pesos, recursos de los cuales se ha destinado específicamente para procesos de retorno $6 mil millones.

Pero de la misma manera destaca Rendón Roldán, que Antioquia es el departamento que mejor está trabajando el tema de población desplazada; salud, educación, retorno, generación de ingresos, proyectos productivos, restitución, indemnizaciones, son entre otros los ítems que se conjugan en la atención a las personas.

Antioquia es el departamento con mayor problemática de desplazamiento en el país, con más de 500 mil desplazados, según acción social.  Por ello se han priorizado 45 municipios, los cuales representan el 86% de expulsión  y el  91% de recepción de población desplazada en el departamento.  Los municipios con mayor problemática son:

Turbo, con una expulsión de 37.843 personas y una recepción casi igual a los 37.748 personas. Por su parte en el municipio de San Luis ha reportado una expulsión de 17.046 personas y recepción de 12.365 personas, en San Francisco han salido 10.390 personas y han llegado por la misma razón 5.300, de Cocorná salieron 17.887 personas y han ingresado 8.240 y en el municipio de San Carlos se ha comprobado que han sido expulsados 16.583 personas y ha recibido 3.640 personas desplazadas. en la ciudad de Medellín no se queda por fuera de la problemática ya que de ella han sido expulsadas 14.710 personas pero su recepción proveniente de otros municipios es de 115.669 personas desplazadas.

Al respecto, el DAPARD invierte en 6 líneas de trabajo articuladas al plan integral único departamental, orientado específicamente a la atención de la población desplazada de manera integral y articulada con más de 70 entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

Los recursos invertidos en este 2009 en todas estas acciones son del orden de 7.504,5 millones de pesos. Entre las acciones más representativas se destacan:

1. Realización de 22 jornadas de documentación en 20 municipios del departamento, en los cuales se atendió población desplazada que perdió su documento o que nunca lo habían expedido.  Se entregaron totalmente gratis 1.615 registros civiles, 9.876 tarjetas de identidad y 11.424 cédulas de ciudadanía, para un total de 25.716 personas atendidas.

2. En convenio con acción social, se están apoyando 2 mil familias de 39 municipios de Antioquia en proyectos de generación de ingreso vía retorno/reubicación, consistentes en cultivos de café, maíz, fríjol, cacao, frutales, plátano, yuca, caña, arroz, coco, ají, ganadería doble propósito, piscicultura, porcicultura y planes de negocios individuales, por valor total de 6 mil millones de pesos.

3. Se firmó un convenio con el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados –ACNUR- para apoyar  36 municipios con la estrategia de gestores comunitarios, personas que orientan a la población desplazada para el acceso a sus derechos.  En el 2009 los gestores han brindando 6.539 orientaciones a personas desplazadas.  La implementación de la estrategia tiene un valor de $770 millones de pesos.

4. El DAPARD está brindando apoyo técnico para la construcción de 10 planes de contingencia frente a posibles desplazamientos en los municipios priorizados por la secretaría de gobierno, entre los que se encuentran: Anorí, Valdivia, Ituango, Caucasia, Cáceres, Nechí, El Bagre, Tarazá, Zaragoza, Briceño.

5. Se han caracterizado 36.393 personas desplazadas de 25 municipios para identificar los derechos que se les han garantizado hasta la fecha y las necesidades existentes para su restablecimiento integral como desplazados.

6. Se realizó un encuentro departamental de organizaciones de población desplazada para consolidar la mesa de participación, además se han fortalecido 33 comités locales de atención integral a la población desplazada –CLAIPD-

7. Se gestionaron recursos con la cooperación internacional por valor de $402.600.000, con el ACNUR, la OIM y el PNUD.

8. Se ha entregado ayuda humanitaria de emergencia para 433 familias desplazadas por más de 120 millones de pesos.

9. Se han apoyado e identificado 3 mil procesos de retorno, a los cuales se les ha realizado un acompañamiento institucional para el restablecimiento integral de sus derechos.

10. Se han asesorado están asesorando 42 actualizaciones y formulaciones de planes integrales únicos en los municipios priorizados, con el fin de que desarrollen estrategias propias y adecuadas a sus realidades en la atención de la población desplazada.

Un nuevo acuerdo de voluntades para constituir el Centro Zonal de Gestión Agroempresarial del Norte de Urabá fue firmado en el despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por los alcaldes de los municipios de Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y por el titular de la dependencia departamental, Edgar Arrubla Cano.

El funcionario recordó que este organismo de planificación y gestión, facilitará el desarrollo agropecuario de esa zona del departamento de acuerdo con las potencialidades, prioridades y condiciones de los municipios.

En este caso, el Centro Zonal de Gestión Agroempresarial se encargará de planificar y definir líneas estratégicas para  los proyectos productivos de encadenamiento como la leche, el cacao, la yuca, el sector acuícola y pesquero.  

Cuando se constituya formalmente el Centro Zonal, el Departamento de Antioquia a través de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural aportará 50 millones de pesos, mientras que cada municipio se compromete a entregar 10 millones de pesos. “De esta forma se fortalecen las capacidades locales para la planificación y los municipios asociados pueden acceder a nuevos recursos del departamento, del gobierno nacional y de cooperación internacional”, dijo Arrubla Cano.

En funcionamiento se encuentran los siguientes Centros Zonales de Gestión Agroempresarial:

En un esfuerzo concertado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Agencia de las Naciones Unidas para los Desplazados ACNUR, ACCIÓN SOCIAL de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres DAPARD, la Dirección Seccional de Salud y Protección Social DSSA, Oficina de la Primera Dama del Departamento, el Ejército Nacional y las administraciones municipales se adelantaron 17 jornadas de documentación en el departamento, en el primer semestre del año.

Las jornadas de documentación son espacios en los que se ofrece a la comunidad desplazada o vulnerable la oportunidad de obtener su cédula, tarjeta de identidad, registro civil o libreta militar, sin que ello reporte ningún costo para las personas atendidas.  En algunas jornadas además, se ofrece servicio de vacunación y orientación sobre el acceso a los derechos de la población desplazada, como también algunas actividades de salud.

En estas 17 jornadas, la inversión realizada por las diferentes entidades llega a $ 42 millones 500 mil pesos.  Con ellos se ha entregado a las 18.243 personas atendidas, documentos de identidad como 9.465 cédulas de ciudadanía, 4.058 tarjetas de identidad y 3.465 registros civiles, además de un número importante de libretas militares.

Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Mutatá, Urrao, Anorí, Necoclí, Cocorná, San Francisco,  Campamento, Caramanta, Argelia, Frontino, Tarazá, Amagá y Medellín fueron los escenarios donde se desarrollaron las jornadas de documentación.

Es importante señalar que las jornadas hacen parte de la Línea Estratégica de Prevención y Protección del desplazamiento Forzado del Plan Integral Único PIU de atención y que es a través de la identificación y documentación la forma inicial para que las personas más vulnerables y desprotegidas de la comunidad puedan acceder a los programas de beneficios del Estado.