Historia de Antioquia

Aunque en Colombia no exista una norma expresa que permita la condonación, frente a circunstancias especiales, vinculadas a crisis económicas, sociales o naturales, la medida es posible siempre que sea razonable, proporcionada y equitativa. Por esta razón, el municipio de Frontino se animó  a estudiar esta propuesta hasta convertirla en el acuerdo municipal 07 del 9 de marzo de 2009 y de esta forma, avanzar en el restablecimiento y la recuperación de los derechos sobre la tierra de la población víctima del desplazamiento forzado.
 
El Equipo de Antioquia del Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, perteneciente a ACCIÓN SOCIAL, señaló que hasta el momento el municipio de Frontino es el primero en Antioquia y en el país que se atreve a estudiar juiciosamente esta propuesta, con quienes vienen trabajando meses atrás, especialmente en la ruta para la implementación de esta medida.
 
Frente al caso, el presidente del concejo municipal de Frontino, Eliécer Garrido, expuso las razones por las cuales se han interesado en este proyecto de acuerdo municipal: “La gran mayoría de familias desplazadas que han venido retornando a sus predios, se han encontrado grandes deudas de impuestos que se fueron sumando durante el tiempo de abandono, situación que los pone en desventaja con el resto de contribuyentes, pues no solo no pudieron explotar la tierra durante el tiempo de desplazamiento, sino que además su deuda es mayor al valor real de la tierra”.
 
Esta noticia generó un sincero reconocimiento por parte del director del DAPARD y coordinador del Comité Departamental para la Atención Integral a la Población Desplazada, John Fredy Rendón Roldán, quien destacó esta buena acción emprendida por el municipio de Frontino e indicó que ha sido de gran utilidad y muy oportuno el aporte del Proyecto de Protección de Tierras Patrimoniales de ACCIÓN SOCIAL en este proceso.  
 
“Todos los municipios en Colombia estamos obligados a reportar una cifra aproximada de recaudo de impuestos anualmente, pero en el caso de la población desplazada, no podemos esperar que éstos cumplan con el estimado por la administración”, dijo el alcalde de Frontino, Balmore González Mira.
 
La medida entrará en vigencia tres meses a partir de su publicación, las condonaciones se realizarán por una sola vez y las exoneraciones tendrán vigencia por 3 años, que corresponden al actual período administrativo.  Para acceder a estas medidas,  las personas deberán estar incluidas en el Registro Único de  Población Desplazada de ACCIÓN SOCIAL o ser evaluadas por una comisión tripartita municipal conformada por el personero, el tesorero municipal y el presidente de Asocomunal.